Independizarse… ¿pero quién, exactamente?
Durante los últimos años, cada vez que alguien mencionaba una supuesta independencia de Euskadi, o de Cataluña, me rondaba una sensación incómoda. No porque me inquietase la idea en sí (que me inquieta: no creo que dividir España en varios países distintos sea una empresa loable), sino por un motivo aún más simple y primario.
Había algo en el asunto, en la forma de enmarcarlo, que sencillamente, estaba mal. Esa extraña disonancia, que no se iba de mi cabeza, me fastidiaba cada vez que escuchaba a otros razonar sobre esto, y me impedía reflexionar con claridad a mí mismo.
Y ahora que se discute tanto sobre la conveniencia o no de un referéndum en Cataluña para decidir sobre su escisión, mi antiguo desasosiego ha vuelto a manifestarse. Sea quien sea el que esté compartiendo su postura (políticos, periodistas, un amigo) tengo la fuerte sensación de que no estamos en realidad en el mismo debate. Falta algo, hay agujeros, nos hemos saltado un paso. ¿Acaso nadie más lo ve?
En España, todos sabemos que no sabemos qué significa exactamente «ser extremeño» o «ser alavés».
Estas son las cuestiones — obligadas, a mi modo de ver — que siguen vacías y con el embalaje intacto aun después de tantos años:
- Si se convocase un referéndum en Cataluña, ¿quién podría votar, exactamente?
- Si el País Vasco declarase su independencia, ¿qué personas serían los ciudadanos de ese nuevo estado?
Habrá quien lea esto y piense que menuda simplicidad, que el debate contemporáneo se mueve en planos mucho más elevados (los sentimientos, las balanzas fiscales, la interpretación de la historia). A esos les respondería que tengan paciencia y que confíen en que con estas preguntas en voz alta no intento distraer de lo principal, ni frivolizar.
Otros darán por hecho que mi interés en mover las fichas del debate unas cuantas casillas atrás esconde en realidad el deseo clandestino de poner cuantas más barreras mejor a esa posible independencia (o a ese posible referéndum). Tampoco es lo que pretendo con este artículo. (Aunque sí creo que el que hayamos pasado todos apenas de puntillas por esta cuestión, si es que hemos pasado siquiera por ella, ha estado en el interés evidente de los que defienden referendos y secesiones…).
No. Sinceramente creo que no hemos intentado responder seriamente a estas cuestiones todavía, y que el hacerlo es una precondición para entrar en la harina de los aspectos nucleares: justicia histórica, procesos independentistas, reparaciones, democracia, derechos humanos, lo que quieran.
Un referéndum nacional (en España, en Francia o en Japón) no despierta estas dudas: la función de pertenencia es inequívoca, y es binaria: figuran en el censo y tienen derecho a votar los ciudadanos adultos de ese estado. Y estos son, simplemente, todas las personas adultas con un pasaporte del país en cuestión, válido en el momento de celebrarse el referéndum. Aun con algunos matices que se puedan hacer (expatriados, periodos de carencia tras las naturalizaciones, inhabilitaciones por condenas, etc), hay poco margen para el error.
Sin embargo, un proceso político de esta envergadura aplicado exclusivamente a una región o a una comunidad autónoma es una idea bastante más vaporosa. Veamos por qué.
En España, todos sabemos que no sabemos qué significa exactamente «ser extremeño» o «ser alavés». Muchos españoles nacemos en una provincia, hijos de padres que proceden de otras comunidades autónomas, pasamos nuestros primeros años o completamos nuestros estudios en un sitio antes de mudarnos por trabajo a otros lugares, nos casamos con personas que hablan con un acento distinto al nuestro, compramos un piso en una ciudad en la que quizá somos forasteros, y a veces volvemos a «nuestra tierra» (sea esa cual sea) cuando somos viejos. Estos periplos vitales tan comunes y tan difusos no se reflejan necesariamente en documentos legales.
Algunos españoles no lo eran en absoluto hasta que, ya adultos, consiguieron un pasaporte español. Otros españoles son a la vez estadounidenses, por ejemplo, o dejaron de ser legalmente españoles para poder ser ciudadanos de otro país. Muchos españoles que nacieron antes de la actual constitución posiblemente nacieron en una región y ahora son formalmente habitantes de otra región de nombre distinto, sin haberse movido del mismo lugar. Hay españoles que duermen cada día y llevan a sus niños al colegio en una comunidad autónoma, pero trabajan y compran en otra comunidad. Hay españoles nacidos y criados en comunidades autónomas con lenguas propias, de padres oriundos, que sin embargo no hablan esa otra lengua. Hay españoles que llevan décadas en el extranjero y que no tienen propiedades ni pagan impuestos en ninguna provincia concreta.
No sé de nadie que haya definido sin ambigüedades el criterio para elaborar un censo electoral catalán.
Hasta donde yo sé, el único criterio legal, formal, para determinar la intra-nacionalidad de los españoles es el padrón municipal. Pero en España, todos sabemos que el padrón no es fiable, y que esa filiación puede trasladarse de un extremo del país al otro, sin apenas requisitos ni obligaciones, en cuestión de unos pocos días. Hasta tal punto es así que todos conocemos gente que lleva años empadronada en una localidad lejana a aquella en la que vive por puros intereses fiscales, por lazos personales, o por simple dejadez.
No sé de nadie que haya definido sin ambigüedades el criterio para elaborar un censo electoral catalán. Dudo mucho que los que persiguen la escisión se contentasen con recopilar todos los padrones de los municipios de Cataluña: habrá muchos «no-catalanes» que figuren inscritos casi por accidente, o que apenas se hayan instalado; y sospecho que no querrán privar de su derecho al voto a Guillem, ese estudiante de intercambio por un año que se ha atrevido a empadronarse en Palencia para sacarse allí el carné de conducir, o para tener un descuento en el transporte público.
Lo peor es que cualquier intento que se me ocurre que alguien podría hacer por definir ese censo electoral para un referéndum autonómico se me antoja aberrante: ni lugar de nacimiento, ni lugar de residencia, ni ascendencia, ni competencias lingüísticas, ni empadronamiento; nada.
Es lo que ocurre cuando se intenta clasificar en «nacionalidades» algo que es tan heterogéneo.
Este fracaso taxonómico es, por cierto, una señal en sí mismo (una señal brillante, parpadeando, en ámbar): un biólogo que no consiguiera identificar objetivamente conjuntos de valores diferenciados para los rasgos principales de los individuos de una misma especie tendría que abandonar su empeño y admitir que esa especie no puede descomponerse a su vez en subespecies. Que tomen nota los separatistas.
Cuando hasta hace pocos años vivíamos con la presión diaria de ETA y con la mención habitual de un futurible País Vasco independiente, se discutían hasta la saciedad la independencia y sus múltiples derivadas antes siquiera de definir esa independencia. Entonces, yo a veces pensaba en mi amiga Maite: nacida y criada en Guipúzcoa, hija de padres zamoranos emigrantes, ha vivido la mayor parte de su vida en el País Vasco, salvo por unos años en Zaragoza y en ciudades de Italia. Hoy en día pienso en mi amigo Alejandro: argentino de madre salmantina, llegado a España hace unos años, españolizado en Madrid, y desde hace poco viviendo y trabajando en Bilbao. ¿Les entregarían las autoridades a ellos su nuevo pasaporte vasco tras una escisión?
Si el referéndum fuese catalán, y se hubiese celebrado hace unos pocos años, habría pillado allí a mi amigo Esteban: 50% vasco, 50% flamenco (de los flamencos belgas, no los otros), criado en Granada, currante en Madrid, hoy en día padre de un bebé estadounidense en Nueva York. Esteban estudió unos años en Barcelona, donde conoció a su mujer (una catalana). ¿Le habría preguntado entonces el gobierno catalán a Esteban su opinión sobre una Cataluña independiente, convocándole a un referéndum?
Cualquier debate acerca del hipotético derecho de un subconjunto de españoles a decidir su pertenencia a España tiene que comenzar, necesariamente, por definir ese subconjunto.
Tal y como funcionan nuestro estado y nuestro derecho, a los españoles no se nos puede compartimentar en diecisiete sub-nacionalidades. Ni falta que hace, en mi opinión.
Cualquier debate acerca del hipotético derecho de un subconjunto de españoles a decidir su pertenencia a España tiene que comenzar, necesariamente, por definir ese subconjunto. En otro caso, cada uno estará hablando de una idea distinta a las ideas del resto, sin saberlo siquiera. Me parece que esquivar esta cuestión es no ser honesto en el debate.
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